Discurso de ascensor
Los regímenes públicos de prestación por enfermedad y seguro de invalidez son a menudo criticados por no incentivar actividades preventivas y de reintegración de las empresas. Para que las empresas participen en estos regímenes, se pueden plantear varios modos de privatización, como la prestación por enfermedad por la empresa, el «grado de la experiencia» de los costes del seguro de invalidez, el autoseguro de la empresa o el seguro de una aseguradora privada. Estos incentivos de la empresa parecen reducir las tasas de enfermedad, pero también pueden ocultar las enfermedades y reducir las oportunidades de empleo de trabajadores discapacitados o con mala salud. Los responsables políticos deben ser conscientes de esta contrapartida.
Hallazgos clave
Pros
Los incentivos financieros pueden contribuir a actividades preventivas de las empresas, reduciendo la ausencia laboral y, por tanto, el registro de discapacidad.
Los incentivos financieros pueden hacer que las empresas aumenten las actividades de reintegración de los trabajadores de baja registrados y de los trabajadores con prestación del seguro de invalidez, sobre todo cuando empiezan a recibir la prestación.
Los trabajadores con problemas de salud pueden estar mejor protegidos contra despidos si las empresas pagan los costes de la prestación de discapacidad consecuentes.
Contras
Las incentivas de la empresa para reducir la enfermedad y el registro de discapacidad pueden ocultar casos de discapacidad, sobre todo si la empresa decide desalentar reclamaciones a través de demandas legales.
Los incentivos de la empresa de prestación por enfermedad y discapacidad pueden reducir el número de contrataciones de nuevos trabajadores, especialmente de trabajadores vulnerables con problemas de salud o discapacidad.
Las consecuencias de los sistemas de incentivos, como el «grado de la experiencia», pueden ser difíciles de comprender, sobre todo para las empresas más pequeñas, a la vez que se enfrentan a riesgos financieros potencialmente mayores.