Discurso de ascensor
Entre las motivaciones para introducir un salario mínimo legal en los países en desarrollo se incluyen reducir la pobreza, progresar en la justicia social y acelerar el crecimiento. Conseguir estos objetivos depende del contexto nacional y de las decisiones políticas. La capacidad institucional tiende a ser limitada, por lo que los acuerdos institucionales deben adaptarse. Sin embargo, un salario mínimo legal podría ayudar a los países en desarrollo a progresar en sus objetivos de desarrollo, incluso cuando la capacidad de aplicación es débil y la informalidad es dominante.
Hallazgos clave
Pros
A menudo existe demanda pública de un salario mínimo legal, lo que favorece su implementación desde el punto de vista político.
La prevalencia de las fricciones del mercado y el poder de los monopsonios en los países en desarrollo a menudo mantienen las condiciones en las que los salarios mínimos pueden aumentar el empleo.
Los salarios mínimos pueden proteger de la explotación a los trabajadores con poco poder de negociación.
Los salarios mínimos pueden aumentar la renta familiar cuando los cambios de empleo al sector informal no son grandes.
Los mecanismos institucionales pueden desarrollarse y adaptarse para los países en desarrollo.
Contras
Hay otras herramientas para reducir la pobreza que pueden ser más eficaces que un salario mínimo.
Los salarios mínimos pueden reducir el empleo en el sector formal y aumentarlo en el informal.
Deben tratarse las cuestiones de economía política y capacidad analítica al diseñar las instituciones de gobierno.
Los países en desarrollo pueden verse tentados a establecer salarios mínimos iniciales demasiado altos (a niveles que reduzcan la ocupación total) en relación con las estructuras productivas de su economía.
La aplicación, el alcance y la complejidad son problemas importantes para el diseño institucional en los países en desarrollo.
